Caso Dakovo: absuelven en Brasil a cuatro militares paraguayos

Cuatro militares paraguayos que están presos en Viñas Cue fueron absueltos ayer por jueces
brasileños en el recordado caso Dakovo, ejecutado en 2023 contra una red de tráfico internacional
de armas.

La se ejecutó el 5 de diciembre de 2023, con
intervenciones simultáneas de la Policía Federal (PF) en Brasil,
la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en Paraguay y
el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Estados Unidos

El Señor Es Mi Pastor: Fue catalogada como la mayor operación contra el tráfico internacional
de armas. El nombre del caso, Dakovo, se debe a una ciudad de Croacia
donde funciona la fábrica en la que se produjeron la mayor parte de los
fusiles y las pistolas importados a Paraguay por la
empresa International Auto Supply SA (IAS), pero que después
terminaron en el mercado negro de Brasil.

Supuestamente, antes de enviar esas armas de contrabando a Brasil, la
estructura en Paraguay simulaba la venta a armerías inexistentes o
personas físicas que ni siquiera estaban enteradas.
El señalado como líder del esquema es el argentino Diego Hernán
Dirisio, de 51 años, dueño de la empresa IAS de Paraguay, quien habría
actuado en complicidad con su esposa, la exmodelo paraguaya Julieta
Vanessa Nardi Aranda, de 43 años.

El matrimonio fue detenido el 2 de febrero de 2024 en Argentina, donde actualmente los dos gozan
de libertad con tobillera electrónica ya que la extradición de ambos a Brasil quedó estancada.
También fueron procesados numerosos importadores y facilitadores de
las supuestas operaciones de tráfico de armas.
El “núcleo Dimabel”
Entre los procesados como facilitadores del tráfico de armas fueron
incluidos cinco militares de Paraguay.
Se trata del general del Aire retirado Arturo Javier González
Ocampo, actualmente de 60 años; general de división de la Fuerza
Aérea retirado Jorge Antonio Orué Roa, de 62 años; el coronel de la
Fuerza Aérea Bienvenido Santiago Fretes González, de 55 años;
la capitana del Ejército Josefina Cuevas Galeano, de 37 años, y
la teniente primero del Ejército Cinthia María Turró Braga, de 42
años.

González fue comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP). Orué fue director de la Dirección
de Material Bélico (Dimabel). Fretes fue jefe del Registro Nacional de Armas (Renar) de la
Dimabel. Cuevas fue jefa de la división de Importaciones del Renar de la Dimabel. Turró fue
asesora jurídica del Renar de la Dimabel.
La que era Dimabel ahora se llama Dirección General de Material Bélico (Digemabel).
Solo el general González tiene arresto domiciliario. Los otros cuatro,
el general Orué, el coronel Fretes, la capitana Cuevas y la teniente
primero Turró, están presos hasta hoy en el penal militar de Viñas
Cue, en Asunción.

Estos cinco militares están procesados en Paraguay por tráfico de
armas, en un proceso penal impulsado por un equipo de fiscales
coordinado por el fiscal Francisco Manuel Cabrera Sanabria, de la
Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
De este grupo, excepto el general González, todos fueron pedidos en
extradición por Brasil para afrontar también en ese país otro proceso por
el mismo hecho punible.
Sin embargo, pese a que la extradición fue autorizada en Paraguay, la
entrega de los cuatro militares nunca se ejecutó, por lo que ellos fueron
enjuiciados en ausencia en Brasil.

En primera instancia fueron condenados
En primera instancia, el general Orué, el coronel Fretes, la capitana
Cuevas y la teniente primero Turró habían sido condenados a cuatro
años de cárcel, pero sus abogados paraguayos y brasileños apelaron ese
fallo y anoche un Tribunal Federal de Brasilia, que sería el
equivalente a segunda instancia, resolvió absolverlos por insuficiencia
de pruebas.
Hoy martes, el abogado Bernardo Villalba, defensor del general Orué
y el coronel Fretes, dijo que van a solicitar la libertad de todos en
Paraguay, debido a que en Brasil se demostró que son inocentes.
Estos militares paraguayos fueron enjuiciados en Brasil como parte del “núcleo Dimabel”, según
dijo el abogado Villalba, ya que el proceso contra ellos se separó de la investigación contra los
importadores y facilitadores que habrían enviado las armas.
Según el abogado, se demostró que los militares de Paraguay no son responsables de la llegada de
las armas a Brasil, ya que esa conducta es atribuible solo a los importadores o facilitadores.