La Comunidad Jurídica de Alto Paraná condenó el fallo del Tribunal de Segunda Sala Penal de la Capital, que declaró la prescripción en la causa del senador Hernán Rivas, por su titulo falso en derecho y aseguró que se trató de una maniobra que intenta evitar que el caso sea debatido en juicio mediante formalismos procesales.
“Consideramos que esta resolución no es un acto de justicia, sino un manto de impunidad tejido mediante formalismos procesales para evitar el estudio del fondo de la cuestión: la legalidad de un título que permitió el ejercicio del poder público al más alto nivel”
Para el gremio, el uso de la prescripción para clausurar el debate sobre la legitimidad de un título de abogado “cercena la posibilidad de que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones” y se traduce en una “afrenta directa a quienes se forman con sacrificio en las universidades y respetan la ley”.
Alertan que esto configura una “alianza entre Poder e Impunidad”, pues aseguran que la justicia está cediendo “ante el manto de las influencias políticas y el poder económico”, ya que la resolución “deja al descubierto un sistema que se vuelve funcional a la impunidad cuando los protagonistas pertenecen a la élite legislativa y/o a quienes detentan un poder económico”.
El comunicado agrega que “El amparo de figuras procesales para evitar el estudio del fondo de la cuestión —la legitimidad de un título de abogado— no solo beneficia a un individuo, sino que degrada la fe pública y humilla a quienes ejercen la magistratura y la abogacía con integridad”.
También rechaza el gremio las amenazas proferidas por actores legislativos contra los representantes del Ministerio Público. “Tales actos de coacción atentan contra la independencia de los fiscales y constituyen un ataque directo al sistema republicano”.
Refiere además que resulta inadmisible “que quien ejerce la representación del Congreso y ejerció la Presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) evada el escrutinio de la verdad utilizando el transcurso del tiempo, cuando su conducta afectó la transparencia de todo el sistema judicial”.
Finalmente exigen al Ministerio Público que agote los recursos de rigor para recurrir este fallo, evitando que quede firme. “La ciudadanía exige que la verdad real no sea sofocada por el transcurso del tiempo ni por presiones externas. A la Corte Suprema de Justicia (CSJ): Que cumpla su rol de custodio de la legalidad, revoque esta resolución y permita que la causa se dirima en un Juicio Oral y Público, donde la verdad sea expuesta ante la sociedad. Inicie de oficio los trámites para el estudio, veracidad y/o anulabilidad de la matrícula de abogado del procesado, pues la duda razonable sobre la obtención de su título invalida el presupuesto ético y académico para el ejercicio de la profesión”.
“No puede permitirse que la ilegalidad ejerza supremacía ante los ciudadanos de bien que cumplieron los requisitos de rigor para la obtención del título y matrícula profesional, un atentado ante toda la ciudadanía para permitir el ejercicio profesional de la abogacía. La Corte Suprema de Justicia, no puede permitir y tolerar la falta de credibilidad pública y de la justicia, máximo contralor para la habilitación del ejercicio profesional”, concluye el comunicado.
