El auge de los metales preciosos entra en el radar de la extorsión del crimen organizado en México
En enero, el secuestro masivo de 10 mineros en Sinaloa destacó la crisis de seguridad que afecta al sector minero en México, en medio del aumento de precios de la plata y el oro. Las organizaciones criminales controlan zonas ricas en recursos minerales, extorsionando a empresas nacionales y extranjeras. Esto incrementa los costos de producción y de seguridad, obligando a las empresas a pagar un «canon mínimo» o a contratar proveedores vinculados con sus extorsionadores. Este fenómeno se inserta en un contexto donde el crimen organizado está en crecimiento, impactando negativamente la economía del país. La indignación por el secuestro plantea interrogantes sobre la eficacia de la estrategia de seguridad de la administración mexicana para enfrentar este problema. En contraste, en Estados Unidos, estas organizaciones son clasificadas como terroristas, generando riesgos legales para empresas que ceden a extorsiones. La situación subraya los desafíos de operar en un entorno donde la delincuencia y la violencia afectan gravemente la minería y, en general, la economía nacional.
