Grave: desaparecen cinco armas de fuego de la cárcel de Pedro Juan Caballero
El hecho salió a la luz tras un control interno durante el cambio de guardia. Tres pistolas Glock y dos Beretta están siendo buscadas por la Fiscalía, que investiga posible complicidad interna y separó preventivamente a cuatro funcionarios.
Pedro Juan Caballero. El Ministerio Público abrió una investigación tras la desaparición de cinco armas de fuego del interior de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, hecho que fue detectado durante el relevo de guardia realizado el último fin de semana.
La irregularidad salió a la luz en un control interno, lo que motivó a la dirección del penal a disponer la separación preventiva de cuatro funcionarios penitenciarios que se encontraban de servicio al momento del extravío. Paralelamente, se inició el análisis de las imágenes captadas por el circuito cerrado de seguridad para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la desaparición del armamento.
El director del establecimiento penitenciario, Adán González, confirmó en entrevista con Urundey FM que las armas sustraídas corresponden a tres pistolas de la marca Glock y dos de la marca Beretta. Según explicó, se trata de equipos que ya no estaban en uso operativo y permanecían bajo resguardo, a la espera de ser remitidos al Departamento de Patrimonio para su baja definitiva o eventual redistribución.
Tras la confirmación del hecho, la administración del penal formalizó la denuncia ante el Ministerio Público este domingo. La causa quedó a cargo del fiscal de turno, Andrés Cantaluppi, quien dispuso las primeras diligencias investigativas. En apoyo a la investigación, personal especializado del Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional, bajo la coordinación del oficial César López, trabaja de manera conjunta con las autoridades penitenciarias para reconstruir la trazabilidad del hecho.
Como medida preventiva, los cuatro funcionarios que integraban la guardia durante el cambio de turno fueron apartados de sus cargos de forma temporal. El director González sostuvo que los mismos permanecerán separados hasta tanto se logre determinar su eventual responsabilidad o se los desvincule completamente del caso.
En cuanto al posible destino de las armas, las autoridades manejan dos hipótesis principales: la primera apunta a una presunta comercialización ilegal en el mercado negro, mientras que la segunda contempla la posibilidad de que el armamento haya sido sustraído con la intención de reingresarlo al penal para su venta o utilización por parte de personas privadas de libertad. “La línea más cercana es que haya sido para la venta o para intentar ingresar nuevamente al penal”, expresó González, advirtiendo sobre la gravedad que implica la pérdida de control de este tipo de armamento.
Durante la jornada de este lunes, continúan las reuniones de coordinación entre Fiscalía, Policía Nacional y autoridades penitenciarias, con el objetivo de avanzar en los peritajes técnicos y el análisis de las grabaciones. La investigación busca determinar si existió complicidad interna o si el hecho se produjo como consecuencia de una falla grave en los sistemas de custodia. Hasta el momento, no se dieron a conocer las identidades de los funcionarios separados, en tanto se aguardan mayores elementos probatorios que permitan la formulación de imputaciones.
