Atrasos en pagos detienen obras y servicios hospitalarios, denuncian proveedores.
02 de enero de 2026 – 05:00
Las empresas proveedoras del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social han denunciado retrasos significativos en el pago de obras y servicios ya completados, acumulando deudas que datan de hace años y que han llevado al cese de trabajos en hospitales públicos. Este reclamo enfatiza el impacto en miles de familias.
Las compañías Corporación Lemuria S.A., Dibec y la firma del ingeniero Julio Galiano Morán están alzando la voz sobre los retrasos en el cobro de obras de construcción y servicios de mantenimiento finalizados para el ministerio de salud.
El ingeniero Pablo Rodríguez, representante legal de Corporación Lemuria S.A. y portavoz del reclamo colectivo, explicó a ABC que las deudas son consecuencia de contratos adjudicados de acuerdo a los procedimientos vigentes, pero con facturas principalmente de 2024 y 2025, sin que se haya logrado aún una regularización.
En el caso de Lemuria, la deuda asciende a aproximadamente G. 7.000 millones, mientras que la cantidad total reclamada por las empresas implicadas ronda los G. 25.000 millones, según lo que se reportó.
Según la documentación contractual presentada ante el MSPBS, las deudas están relacionadas con trabajos de mantenimiento hospitalario a nivel nacional y obras de ampliación en centros de atención médica.
Además, hay retrasos en los pagos de los intereses por mora y de reajustes acumulados, que en uno de los contratos superan los G. 1.189 millones.
Obras detenidas
El 3 de noviembre, ya se había decidido la suspensión de otros proyectos relacionados con contratos de infraestructura hospitalaria debido a la imposibilidad de avanzar sin el respaldo financiero necesario.
Entre los problemas críticos se incluye la falta de emisión de códigos de contratación por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), un requisito administrativo fundamental para procesar los pagos.
Mora con impacto social
También destacó el efecto social que provoca el retraso en los pagos. Afirmó que las empresas afectadas emplean a miles de trabajadores —entre albañiles, electricistas, carpinteros, vidrieros y otros oficios— y estimó que el incumplimiento afecta de manera directa a unas 2.000 familias y, de forma indirecta, a entre 8.000 y 10.000 personas que dependen de esta cadena laboral, en un contexto especialmente delicado debido al cierre del año.
La contradicción del grado de inversión
Al parecer, el objetivo de alcanzar la convergencia fiscal (volver al límite de déficit de -1,5% del PIB) ha llevado a las autoridades a no incluir muchas deudas en su ejecución presupuestaria de 2025, postergándolas para 2026. Esto representa un escenario de inseguridad jurídica para las empresas afectadas, ya que el Estado asume compromisos pero no los cumple en tiempo y forma.
Según Rodríguez, a pesar de las constantes notas enviadas al MSPBS, hasta el momento no han recibido respuesta formal ni un cronograma de pagos, lo que hace que la continuidad de obras y servicios en hospitales públicos dependa de la regularización de los desembolsos pendientes.
No obstante, finalizó señalando que esperan con expectativa las declaraciones públicas del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, quien anunció una distribución más equitativa de los pagos, y confían en que este enfoque pueda traducirse en una regularización de los desembolsos en los primeros meses de este nuevo año.
