Realidades ocultas tras los indicadores macroeconómicos exploradas.
1).- Balance económico de 2025: luces y sombras de un año de crecimiento.
No obstante, detrás de estos resultados macroeconómicos positivos se oculta una realidad menos optimista. El crecimiento no alcanza a todos los sectores de igual forma y la “cancha” aún se encuentra claramente inclinada. En un país con altos niveles de desigualdad, el 10% más rico concentra el 35% de los ingresos, mientras que el coeficiente de Gini permanece en 0,44, lejos de una distribución equitativa. De manera concreta, las mejoras macroeconómicas no logran trasladarse en bienestar para los grupos más vulnerables.
Tres factores frecuentemente ignorados
Uno de los principales factores que explica esta diferencia es el efecto de la inflación en los alimentos, cercana al 10%, que afecta más severamente a los hogares con menos recursos. A esto se suma una informalidad laboral del 63% y una cobertura de protección social que apenas alcanza al 24% de la población, limitando así la capacidad del Estado para mitigar los efectos del aumento del costo de vida.
La estructura productiva también ayuda a entender por qué la bonanza no se refleja en los bolsillos. Las micro y pequeñas empresas concentran el 73,7% de la fuerza laboral, mientras que la agricultura familiar representa el 90% de las fincas del país. Ambos sectores comparten un diagnóstico contundente: el crecimiento económico no se traduce en mayores ingresos y, simplemente, “la plata no alcanza”.
En el frente fiscal, el gobierno enfrentó el reto de cumplir con la regla fiscal, que establece un déficit máximo de 1,9% del PIB. El aumento de los ingresos tributarios recaudados por la DNIT no fue suficiente, por lo que el Ministerio de Economía y Finanzas optó por recortar gastos. Las limitaciones presupuestarias afectaron a instituciones clave como el MOPC, el MSP y otras dependencias públicas, provocando reducción de empleos y un mayor gasto de bolsillo para las familias en medicamentos, insumos médicos y kits escolares. El objetivo fue claro: cumplir con la regla fiscal, aunque ello implique trasladar parte del ajuste a la ciudadanía. Una lógica que muchos resumen como “desvestir a un santo para vestir a otro”.
Advertencias de los gremios empresariales
A nivel internacional, Paraguay muestra cifras macroeconómicas que lo posicionan entre las economías más destacadas de la región. Sin embargo, los gremios empresariales advierten sobre riesgos que no pueden ser ignorados: una deuda pública cercana a los USD 20.000 millones (41,2% del PIB), problemas de seguridad jurídica, debilidades en el clima de negocios y el persistente atraso en la reforma de la Caja Fiscal. A noviembre, el déficit de esta caja ya alcanzaba los USD 335 millones, y si se mantiene la tendencia, el rojo acumulado podría llegar a USD 1.600 millones en la próxima década.
La falta de una estrategia clara para la agricultura familiar campesina, responsable del 90% de las fincas y pilar de la seguridad alimentaria, es otro de los puntos críticos. La campaña de varios productos fracasó, especialmente en cebolla y tomate, debido a la saturación del mercado provocada por el contrabando.
Y sin embargo, la presión por más recursos crece
2) Los desafíos del 2026
– Para 2026, el gobierno prevé un crecimiento del 4,2%, en un contexto de mayor flexibilidad fiscal, con un déficit permitido de 1,5% del PIB. A la vez, reitera que no habrá incrementos de impuestos. Sin embargo, la presión por recursos más abundantes crece, especialmente para fortalecer el capital humano —salud, educación, nutrición y transferencias sociales— y para fomentar la inversión en infraestructura, esencial para un país sin litoral.
El desafío estructural sigue siendo el mismo: aumentar la productividad y diversificar la economía. Paraguay presenta uno de los niveles de deuda pública más bajos de la región, con 41,3% del PIB, pero también muestra la mínima presión tributaria, apenas 11,3% del PIB. En 2025, el Ministerio de Salud recibió el 2,5% del PIB, y el de Educación, el 4,3%, sumando solo 6,8% del PIB entre ambos, muy por debajo de las recomendaciones internacionales de al menos 7% del PIB para cada sector.
La evidencia es clara: el crecimiento económico, por sí solo, no asegura mejoras en el bienestar. Reducir la desigualdad y la pobreza debe convertirse en una prioridad. Para atraer inversión extranjera directa, el país necesita mano de obra más calificada, una mejor cobertura de salud, seguridad jurídica y un Estado con mayor capacidad institucional.
El PGN 2026 revela una estructura rígida: el 89% de los recursos del Tesoro se destinará a salarios, intereses de la deuda y jubilaciones del sector público. Mientras los ingresos tributarios crecerían alrededor del 8%, el gasto público aumentaría cerca del 12%. La experiencia internacional muestra que es posible crecer durante años con inflación baja y cuentas ordenadas, sin alcanzar a reducir las desigualdades ni mejorar de forma sostenible el bienestar de la población.
Preocupa el estancamiento del IDH
En este escenario, preocupa el estancamiento del Índice de Desarrollo Humano (IDH) en la última década. El crecimiento económico no se tradujo en avances proporcionales en educación, salud o ingresos. Que el 1% de la población concentre más del 20% del ingreso es una señal elocuente de este desequilibrio.
3) El grado de inversión: una oportunidad con exigencias
– La obtención del segundo grado de inversión del S&P abre una ventana de oportunidades, pero también impone mayores exigencias. Sus beneficios no serán inmediatos y dependerán, en gran medida, de la capacidad del país para mantener la confianza de los mercados. Los gremios empresariales coinciden en que la calificación solo será sostenible si se llevan a cabo reformas estructurales que garanticen previsibilidad, institucionalidad y normas claras.
La persistente debilidad del sistema judicial, la corrupción y la desigualdad en la aplicación de las normas limitan el impacto positivo del crecimiento económico. S&P proyecta que el PIB per cápita podría alcanzar los USD 9.000 en 2027, pero para ello será fundamental mejorar la seguridad jurídica y el acceso a servicios básicos. Los principales beneficiados de esta mejora serían los sectores financiero, bursátil e inmobiliario, siempre que se consolide un entorno institucional más sólido.
4) Disciplina fiscal: avances reconocidos, riesgos latentes
– La mejora en la calificación de riesgo reconoce más de 30 reformas económicas que allanaron el camino hacia el grado de inversión. La disciplina fiscal, mantenida como política de Estado durante dos décadas, ha sido uno de los pilares de este logro.
La amenaza que representan ciertos pasivos
No obstante, los riesgos fiscales siguen presentes. El déficit de la Caja Fiscal y los atrasos en los pagos a constructoras y proveedoras farmacéuticas suman compromisos cercanos a USD 850 millones: unos USD 400 millones por la Caja Fiscal, USD 300 millones con las constructoras y USD 150 millones con el sector farmacéutico. Estos pasivos representan una amenaza concreta para la sostenibilidad fiscal y constituyen uno de los principales desafíos que el país deberá enfrentar para preservar la estabilidad macroeconómica y mantener el grado de inversión a largo plazo.
