Gremios vialeros enfrentan crisis por deuda del Gobierno.

La falta de pagos a las empresas constructoras podría resultar en la paralización de proyectos, lo que significaría el cese de pagos a trabajadores y proveedores de insumos, además de incurrir en costos por intereses y penalizaciones por tener el dinero sin utilizar.

Se estima que la deuda total hasta la fecha alcanza US$ 200 millones, y si se incluyen los intereses, podría llegar entre US$ 100 y 150 millones. Además, se advirtió que el panorama para el próximo año es menos optimista, ya que el límite fiscal se está volviendo aún más restrictivo.

“El próximo año el límite fiscal también se reducirá significativamente, bajando al 1.5%, lo que complicará aún más la situación. Desde marzo-abril de este año, hemos estado enfrentando una gran disparidad entre las obras que estamos ejecutando y lo que estamos cobrando; esta brecha se está ampliando mes a mes de manera exponencial, y eso nos preocupa,” enfatizó.

Apoyando este punto, Sarubbi, de Cavialpa, subrayó que actualmente ya se enfrentan a obligaciones como el pago de salarios, aguinaldos y proveedores, y que hasta el momento han mantenido las obras activas gracias a préstamos de bancos, lo que también implica el pago de intereses.

“Esconden la basura bajo la alfombra”

Heisecke indicó que del monto destinado para este año, alrededor de US$ 680 millones, esperan que se desembolse al menos el remanente, que rondaría entre US$ 250 y 280 millones, para cubrir los gastos más urgentes; sin embargo, esto no resolverá el problema que se espera para el próximo año.

“No puedo afirmar que no se pagará el aguinaldo porque eso es por ley,” pero “ya depende de la situación financiera y económica de cada empresa,” especialmente de las más pequeñas y medianas que ya no tienen acceso a créditos bancarios. Así que, ¿qué opciones les quedan? No es una situación muy cómoda,» declaró Heisecke.

Finalmente, mencionó que entre las obras que podrían verse perjudicadas el próximo año están la Ruta Bioceánica, la Ruta 12, y la conexión entre Concepción y Pozo Colorado.

Ambos representantes de los gremios expresaron que valoran el interés de los diputados en mediar para superar el conflicto.

Preocupación por intereses y penalizaciones

“Se están pagando intereses por esos créditos, y todos estos créditos, la ciudadanía debe saberlo, vienen con penalidades por no usarlos. (…) Es decir, tienes el dinero, pagas intereses por eso, además sufre sanciones por no utilizarlo, y al mismo tiempo pagas intereses a estas empresas por no honrarles sus deudas. ¿Cómo se explica eso entonces?,” cuestionó una legisladora.

Subrayó que esta no es una preocupación nueva, sino que ya lo había señalado durante el análisis del Presupuesto de Gastos de 2026. Además, destacó que no se limita a la deuda con constructoras, sino que afecta a otros sectores y que, en realidad, estamos “mantuviendo superficialmente un déficit fiscal, porque la verdad es otra: el Estado está en deuda con todo el mundo.”

“Este es un presupuesto engañoso que no considera el pago de las deudas existentes,” y con esto “es probable que, apenas inicie el periodo parlamentario del año que viene, se convoque a una extraordinaria para emitir bonos y así pagar las deudas,” todo con el fin de “no incrementar el déficit fiscal, pero debemos ser sinceros como país” y aceptar el verdadero déficit fiscal.

“Todo suena bien en cuanto a la macroeconomía, pero el impago a estos sectores afecta directa e indirectamente a 200,000 personas y a sus respectivas familias, además del pago al Instituto de Previsión Social (IPS). Todos están endeudados con los bancos, que ya están preguntando por qué el Estado no cumple. La situación es grave y, en realidad, es un tema de decisión política,” insistió.