Tensión en Villarrica por disputa de tierras y expedientes.
19 de noviembre de 2025 – 22:24
Dos comisiones de vecinos organizaron una protesta que llevó a la suspensión de la sesión ordinaria de la Junta Municipal. Los ocupantes de dos inmuebles municipales exigen la regularización de lotes y denuncian el “cajoneo” de expedientes, en medio de controversias legales sobre la propiedad de los terrenos.
La manifestación del martes, llevada a cabo en el recinto de la Junta Municipal, resultó en la suspensión de la sesión ordinaria debido a la presión ejercida por los vecinos.
Este inmueble se encuentra en medio de un conflicto jurídico ya que fue adquirido por la empresa Metaflex S.A.C.I. en el año 2014, por un monto cercano a G. 90 millones, considerado “simbólico”, bajo el compromiso de realizar inversiones industriales que generen empleo en la zona.
Según información de fuentes internas del municipio, esta solicitud de reconsideración nunca fue analizada por la comisión correspondiente de la Junta. La falta de atención a este asunto habría generado inquietud entre los ocupantes, quienes temen que ciertos concejales impulsen la devolución del dinero a la empresa privada, lo que retrasaría o impediría la adjudicación del predio a las familias que ya han iniciado trámites formales y pagado el canon correspondiente.
A esto se suma el reclamo de una segunda comisión vecinal, que ocupa un inmueble en la zona limítrofe entre Villarrica y Yataity. Los vecinos denuncian que la Junta no está tramitando las solicitudes de loteamiento de tierras del ejido municipal, a pesar de que, según señalan, son espacios destinados históricamente a ser adjudicados a ciudadanos sin vivienda.

Una versión aún no confirmada por las autoridades municipales señala que la razón principal del estancamiento sería la existencia de expedientes superpuestos de la época en que ese territorio estaba bajo la administración del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Esta superposición complica la determinación de la titularidad real del inmueble y ralentiza el proceso de gestión.
No obstante, los manifestantes afirman que el cuerpo legislativo municipal lleva meses sin revisar los pedidos, mientras las familias afectadas continúan viviendo en condiciones precarias y sin la mínima seguridad jurídica.