Gobierno y cañicultores buscan mejorar producción de alcohol.

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El ministro de Industria y Comercio anunció que, luego del acuerdo logrado ayer con los cañicultores que se habían movilizado durante semanas en Mauricio J. Troche pidiendo la finalización del nuevo tren de molienda de la planta de alcohol de Petropar, es necesario evaluar cómo mejorar a mediano y largo plazo la eficiencia del ingenio estatal. Mencionó la importancia de la asistencia técnica a los productores de caña y la oportunidad de otorgar mayor participación al sector privado.
Ayer, tras 17 días de protestas por parte de los cañicultores, se alcanzó un acuerdo con el gobierno, en el que la empresa estatal Petropar se comprometió a realizar un nuevo llamado a licitación para la construcción del tren de molienda, luego de que el proyecto original fuera cancelado por la empresa adjudicataria, entre otros compromisos.
El acuerdo
El ministro Giménez expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzado, que restablece “el orden público y la seguridad” después de “momentos de tensión”.
De acuerdo al documento firmado ayer, el nuevo tren de molienda debe estar listo y en operación para septiembre de 2026. Además, Petropar se comprometió a comprar la caña de azúcar disponible –para la producción de alcohol– al precio vigente de 266.500 guaraníes por tonelada.
“(Los cañicultores) tienen la voluntad y las tierras; la producción puede optimizarse si les brindamos asistencia. No podemos dejarlas desprotegidas en el uso de la tecnología, nuevos fertilizantes, semillas, transporte y otras herramientas que impactan en el rendimiento,” comentó.
Contrato suspendido por incumplimientos
Inicialmente, la construcción del nuevo tren de molienda fue asignada en 2021 a la empresa Estructura Ingeniería S.A. (EISA) por un monto superior a 198.000 millones de guaraníes.
La suspensión del contrato en 2023 debido a supuestos incumplimientos de la empresa dejó a la planta estatal con una capacidad limitante para procesar solo 350.000 toneladas de caña anualmente, lo que resultó en la pérdida de más de 450.000 toneladas de materia prima. El ministro Giménez comentó que el contrato con EISA está en “proceso de cancelación” y que se presentó una denuncia penal anónima.
Mayor participación del sector privado

El ministro añadió que con la solución inmediata del problema en Troche se puede contemplar “una visión más estratégica” a futuro.
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