Edificios de martillo Demire: la última lucha de Río de Janeiro contra el crimen organizado
En Río de Janeiro, las autoridades han intensificado las operaciones para demolir construcciones ilegales, llevándolas a cabo de manera sorpresiva y con el respaldo policial. Desde 2021, se han realizado 5,568 demoliciones, de las cuales un 70% se ubicaban en áreas controladas por el tráfico de drogas y milicianos. Estas acciones representan una estrategia clave para afectar las finanzas del crimen organizado. Las demoliciones han generado pérdidas estimadas de 1,800 millones de reales (aproximadamente 333 millones de dólares) para los delincuentes.
Las demoliciones abarcan desde casas simples hasta lujosas mansiones, muchas de las cuales eran utilizadas como refugios o bases operativas de narcotraficantes. Las autoridades locales buscan no solo desmantelar construcciones ilegales, sino también debilitar la estructura económica del crimen en las comunidades más afectadas.
El enfoque proactivo del gobierno en este sentido ha sido objeto de debate, ya que aunque las acciones son bien recibidas por algunos sectores de la sociedad que anhelan un mayor control y seguridad, también hay quienes cuestionan la efectividad de estas medidas en la lucha contra el crimen organizado. Las operaciones, realizadas en las primeras horas del día, son parte de una estrategia más amplia para restaurar el orden público en vigiladas zonas de la ciudad. En síntesis, el esfuerzo por destruir estas infraestructuras ilegales marca un paso importante hacia la reducción de la influencia del crimen en Río de Janeiro.
